PALACIO SIN JUSTICIA: LA HORRIBLE NOCHE NO CESA
Veinticuatro años no son suficientes para borrar el horror del holocausto del Palacio de Justicia. La trágica jornada, empezó a las 11:40 a.m. del 6 de noviembre de 1985, cuando un grupo de al menos 30 guerrilleros del M-19 asaltó la principal sede del poder judicial, secuestrando a trabajadores y magistrados de la justicia, con el supuesto objetivo de realizar un juicio político al entonces presidente Belisario Betancur por el fracaso de las negociaciones de paz.
La toma no fue sorpresiva, sino anunciada: ya en una oportunidad un grupo del M-19 se había tomado el Palacio de justicia momentáneamente. Incluso, 19 días antes, las autoridades habían encontrado en poder de guerrilleros del Frente Ricardo Franco, planos exactos del Palacio de Justicia con horarios de empleados, número de funcionarios por cada oficina, cantidad de vigilantes, entre otra muy sensible información. Pese a las advertencias, al momento de la toma, el Palacio de Justicia se encontraba inerme, sin un solo policía de guardia. El Magistrado Humberto Murcia Ballén, un día después de la tragedia dijo que la toma fue «anunciada y consentida por el Gobierno».
El operativo guerrillero se relacionó en primera instancia con el Frente Ricardo Franco, disidencia de las FARC aliada con el M-19, que tenía una larga historia de infiltración de organismos de seguridad del Estado, y cuya purga interna produjo la masacre de Tacueyó, en la que se asesinaron más de 120 personas acusadas de pertenecer a organismos de inteligencia del Estado.
El grupo de insurgentes que penetró al Palacio de Justicia el 6 de noviembre contaba no solo con hombres del Frente Ricardo Franco, sino también con miembros del Comando Superior del M-19, como Luis Otero y Andrés Almarales, además de algunos miembros del entonces ilegal Frente Sandinista de Liberación Nacional nicaragüense. El grupo de asalto guerrillero se había reunido en dos grupos en diferentes partes de Bogotá. Algunas versiones hablan de un tercer contingente, que no llegó, sino que sencillamente “se esfumó”.
Al ataque subversivo, sobrevino una desordenada respuesta por parte de la institucionalidad, en la que fue evidente la división de los diferentes cuerpos armados del Estado. El primer grupo en responder fue un comando de 11 hombres del F-2, que al medio día intentó penetrar por el Costado Occidental del Palacio. La llegada del Ejército reforzó en este flanco la acción, pero la fuerte resistencia de un nido de ametralladoras obligó a que las autoridades buscaran otras opciones de acceso. La llegada de la Policía, del grupo élite GOES por la azotea del Palacio marcó la cúspide de la violencia. Hacia las 2 de la tarde, luego de un intercambio de disparos constante e ininterrumpido, un tanque cascabel, derriba la puerta principal. A esta angustiosa situación se sumaban los disparos realizados de manera indiscriminada desde edificaciones vecinas hacia el interior del palacio.
El operativo de retoma desconoció los pasos básicos que en una toma terrorista se cumplen en procura de la vida de los rehenes. No se estableció contacto inmediato con los captores, ni se nombró negociadores. La acción armada, reservada para cuando el terrorista esté en el nivel más alto de fatiga sicológica, fue la primera respuesta. La única posibilidad de diálogo se delegó al Representante de la Cruz Roja, Carlos Martínez Saenz, cuya acción fue dilatada a propósito por la Ministra de Comunicación, que demoró hora y media para entregarle 2 Walkie-tallkies, y porque los militares restringieron su acceso al cuarto piso. Un cese al fuego siquiera momentáneo habría permitido que Martínez cumpliera su labor, pero el intercambio de disparos no tuvo tregua. En conversaciones en frecuencia radiofónica, atribuidas al parecer al General Rafael Samudio, Comandante del ejército, se menciona: “Erre. Entiendo que no han llegado los de la Cruz Roja. Por consiguiente estamos con toda la libertad de acción y jugando contra el tiempo. Por favor apurar, apurar a consolidar y acabar con todo…”.
Ni siquiera las peticiones del Presidente de la Corte Suprema de Justicia fueron atendidas El país escuchó en Todelar, la voz del Magistrado implorando el alto al fuego que nunca se dio. El Presidente Betancur no contactó a Reyes Echandía, pese a tener el teléfono directo según versión del entonces Presidente del Congreso Alvaro Villegas. Betancur le dijo a Villegas que había intentado llamar pero que el teléfono estaba desconectado y que no obtenía respuesta, a lo que el congresista le increpó la falsedad de su argumento sosteniéndole que ello no podía ser cierto, pues él acababa de colgar el teléfono tras comunicarse con Reyes. El Presidente, molesto por la suposición de Villegas le confirmó que había decidido no negociar y que había consultado su decisión con expresidentes y personalidades políticas nacionales.
Aproximadamente a las 3 p.m., empezó un incendio en la biblioteca, en el costado oriental del edificio, que fue sofocado por los bomberos. Sin embargo la conflagración se repetiría 5 horas más tarde. Sobre el origen del fuego hay versiones contradictorias. Algunos dicen que el fuego inició por acción de la fuerza pública. Otra versión atribuye el incendio a dinamita perteneciente al M-19 y que se encontraba en los sótanos. Según la fiscal Ángela María Buitrago encargada del caso Plazas Vega, fueron cuatro rokets lanzados por el ejército los causantes del incendio que produjo la quema de cientos de archivos que la Corte Suprema de Justicia tenía en ese entonces sobre los narcotraficantes próximos a ser extraditados.
El saldo del operativo de retoma del Palacio fue el siguiente: 220 rehenes liberados por las fuerzas armadas, 15 personas que huyeron por sus propios medios, 11 magistrados muertos y más de 100 civiles muertos y al menos 13 personas desaparecidas.
El levantamiento de los cadáveres no fue realizado por la autoridad competente y correspondiente: los jueces de instrucción criminal en turno, sino por la Justicia Penal Militar.
La Censura
Durante la toma del Palacio la entonces ministra de comunicación Noemí Sanín, ejerció la censura a medios de comunicación. Incluso, la tarde del 6 de noviembre de 1985, en conversación telefónica con el director de Todelar, Germán Salgado, la hoy precandidata presidencial, le dijo: “Si quiere salga al aire y diga que hay censura, pero no me pasa más la voz del Presidente de la Corte”.
A las 8 de la noche, mientras las llamas devoraban el Palacio, la programación radial y televisiva fue interrumpida para transmitir en vivo y el directo, para todo el país, el partido Millos Vs. Unión. Todo estaba consumado.
Los desaparecidos
Durante la retoma del palacio de justicia, en nombre de la institucionalidad se cometieron delitos de lesa humanidad, como la ejecución extrasumarial y la desaparición forzada, que hasta hoy han sido encubiertos y minimizados.
Eduardo Umaña Mendoza, abogado de los desaparecidos, logró la exhumación de una fosa común en el Cementerio de El Apogeo, donde se hallaron los restos de un guerrillero, que fue enterrado como N.N. Las gestiones del abogado fueron interrumpidas con su asesinato hace cuatro años. Sin embargo, la verdad en este caso es inatajable, y día por día los colombianos van conociendo más detalles de la cruenta jornada que aún hasta nuestros días permanecían ocultos. Una versión de lo sucedido, es que a los empleados de la cafetería se les detuvo por sospechas de colaborar con los subversivos, y se les llevó a distintas guarniciones militares para que fueran interrogados.
En 1989 Ricardo Gómez Mazuera, ex integrante de la Policía Nacional, relató en una carta su versión de lo sucedido a la Procuraduría. Según él, Carlos Augusto Rodríguez, administrador de la cafetería salió vivo de Palacio y por orden de Alfonso Plazas Vega fue llevado a la Escuela de Caballería. Supuestamente el militar dijo “Me lo llevan, me lo trabajan, y cada 2 horas me dan informes”. Según el expolicía, Carlos Rodríguez fue colgado varias veces de los pulgares y golpeado violentamente en los testículos. Mientas colgaba, le introdujeron agujas bajo las uñas y después se las arrancaron”.
Según el abogado Enrique Rodríguez, padre de Carlos Rodríguez, el 7 de agosto de 1986, casi un año después de la toma del Palacio de Justicia, recibió información por parte de un miembro de la fuerza pública, en el sentido de que al menos 4 mujeres, y 4 hombres que trabajaban en la cafetería se encontraban vivos y continuaban siendo torturados en una guarnición militar al sur de Bogotá.
Un registro sonoro da cuenta de una comunicación aparentemente impartida por Plazas Vega: “Si está la manga que no aparezca el chaleco”, aparentemente esa fue la orden de desaparecer a las hoy víctimas del Palacio de Justicia.
En busca de la verdad y la justicia
El 7 de noviembre de 1985 el presidente Betancur en alocución televisiva, afirmaba al país su responsabilidad en el operativo de retoma del Palacio. Sin embargo, el 31 de julio, a ocho días de entregar el poder, En una misiva a la Juez 14 Superior, Martha Carrizoza, Belisario Betancur recularía, al afirmar “Di la orden de actuar… sin embargo, la dirección y la ejecución misma del operativo militar y las decisiones concretas tales como la clase de armas que debían utilizarse, numero de efectivos que intervendría, y demás características y desarrollos, correspondieron a los respectivos comandantes de las unidades del Ejército y de la Policía nacional”.
El Expresidente Belisario Betancur ha hecho saber a sus allegados que la “verdad verdadera” de lo que sucedió en el Palacio solo se sabrá después de su muerte, cuando publique un relato inédito sobre los hechos.
En 1990 Alfonso Gómez Méndez sancionó disciplinariamente al Coronel en retiro, Arias Cabrales y al Teniente Coronel Sánchez Rubano por excesos en la recuperación del Palacio de Justicia. Su decisión fue ampliamente criticada por sectores reaccionarios del país. Tres años después el Consejo de estado determinó la responsabilidad administrativa de la nación en los hechos.
Solo hasta Agosto de 2006, el Fiscal Mario Iguarán abrió investigación formal por secuestro y desaparición forzada a 11 personas, llamando a indagatoria al entonces Coronel Sánchez Rubiano, quien tuvo a su cargo el manejo de las personas rescatadas en el Palacio. En esta nueva etapa de la investigación, fueron llamados a declarar, además de los militares a cargo del operativo, como el general Miguel Silva, el Exmandatario Belisario Betancur.
En la actualidad se juzga por el delito de desaparición forzada al entonces Coronel Alfonso Plazas Vega. La Procuraduría General de la Nación en “cabeza” de Alejandro Ordóñez pidió la absolución para el militar porque supuestamente no existen testimonios concluyentes ni pruebas materiales que lo inculpen. Mientras tanto la fiscal de caso Ángela María Buitrago solicitó a la jueza sentenciar a 40 años de cárcel a Plazas Vega por los delitos de desaparición forzada y secuestro.
Según la Comisión de Verdad sobre el Holocausto del Palacio de Justicia, la toma del Palacio de Justicia fue financiada por Pablo Escobar Gaviria, quien pagó 2 millones de dólares por el operativo: “En 1985, miembros de la dirección del M-19 se reunieron en Medellín con Escobar, recibieron dineros de su cartel y realizaron acciones criminales conjuntas, lo que no fue compartido por otros miembros del grupo subversivo”, señala el informe”.
Hoy, con la llamada “segunda generación” del Cartel de Medellín como inquilinos de la “Casa de Nari”, el holocausto del Palacio de Justicia parece cada vez más lejos de resolverse. Toda esta serie de misterios e intrigas que rodearon el episodio más luctuoso de la historia reciente nacional son apenas una muestra de la inoperancia de las autoridades judiciales en Colombia. Quizás este crimen, al igual que los magnicidios de Gaitán, Galán y Jaime Garzón, nunca se resuelvan, porque la impunidad en Colombia parece ser la regla general.
“Uribestiario”
