Un conejo llamado Justicia y Paz

Ojalá algún día se pueda afirmar, tal como lo proclaman “altos” funcionarios,  uribistas, arribistas,  y uno que otro atolondrado, que en Colombia gracias al “destape” de la para-política ha cesado la horrible noche. Quisieramos que así fuera… que por lo menos una tenue centella vislumbre un inminente amanecer y se supere la barbarie…. pero la verdad, duélanos porque nos duele, es que el país se dirige a una nueva noche, nadie sabe aún si tanto o más oscura que las anteriores.

Para cualquier persona que conozca medianamente la problemática nacional, es claro que el poder del narcotráfico corrompe desde un simple tinterillo de juzgado, hasta el más insigne oficial de las fuerzas armadas. ¿Qué justicia puede garantizarse aquí, donde el poder del poderoso caballero copa todo? Para nadie es un secreto que la mano narca ha estado presente en todas las instancias del poder colombiano, quitando y poniendo congresistas, jueces, alcaldes, gobernantes, contralores y, como no, hasta presidentes. Por eso la extradición parecería un mal necesario… claro, como en Colombia no hay posibilidad de garantizar un juicio justo, pues nos parece razonable que esta responsabilidad se encomiende a una estructura judicial (aparentemente) más fuerte, como se supone es la estadounidense.

Visto de esta manera, la extradición parecería no ir en contra de las instituciones colombianas, sino que por el contrario, en apariencia, las resguarda. Afirman los defensores de esta tesis que la extradición es un tratado internacional y que prevalece por encima de la Constitución. Todo esto, incluso, suena lógico: cuando alguien comete un delito en otro país, pues es allí donde ha de saldar cuentas con la justicia.

Pero el problema de la extradición es que juzga solo narcotraficantes y no delitos de lesa humanidad. La extradición en casos de delitos de violaciones graves a los Derechos Humanos, no permite que se haga justicia, sino que por el contrario hará que un silencio cada vez más profundo socave la justicia colombiana. Ese será el grito silencioso de las víctimas.

La extradición de Diego Montoya, responsable (junto con Henry Loaiza “El Alacrán”) de la masacre de Trujillo, pone de nuevo el tema sobre el tapete. La extradición que fue vista durante los ochentas como la más fuerte arma en contra del narcotráfico, hoy, por el contrario se convierte en aliada de la clase narcoparapolítica. Un “mico” de la ley de justicia y paz, hace que los narcotraficantes, que adicionalmente actuaron como paramilitares e inscritos en justicia y paz, le hagan conejo a la historia y a las víctimas.   Expresamente el Artículo 30 de la Ley de “justicia y paz” dice: “Establecimiento de reclusión. El Gobierno Nacional determinará el establecimiento de reclusión donde debe cumplirse la pena efectiva. Los establecimientos de reclusión deben reunir condiciones de seguridad y austeridad propios de los establecimientos administrados por el Inpec. La pena podrá cumplirse en el exterior.”

De este “artículito” en cambio, nadie habla, pero es la tronera que puede permitir que los jefes paramilitares luego de cumplidas sus penas por narcotráfico, le hagan el quite a la verdad, a la justicia  y a las víctimas en Colombia. Los ex jefes paramilitares, dentro de unos años, cumplidas sus penas en Estados Unidos, argumentarán el principio de favorabilidad constitucional, especificamente en el sentido de que “Las leyes se han de interpretar en el sentido más benigno, donde se conserve su disposición”. Ellos no van a querer pagar un solo día de cárcel en Colombia. La premisa de “los extraditables prefieren una tumba en Colombia, que una cárcel en Estados Unidos” ha perdido toda validez, hoy en día sería: “Los narcoparamilitares prefieren una tumba en Estados Unidos, que una cárcel en Colombia”. Si durante el 8,000 samperista el símbolo del escándalo era un elefante, en el caso de la parapolítica uribestialista, el animal insignia es, sin duda, el conejo.