6 thoughts on “Estratagemas de la impunidad

  1. COMO CUANDO DEJARON EN LIBERTAD A MARIO URIBE POR VENCIMIENTO DE TERMINOS NI SE INMUTO EL SATRAPA DELINCUENTE DE LA CASA DE NARI.

  2. Las cinco “D” de Carmelo o el drama de la vivienda en Colombia.
    Jorge Gómez Gallego*, Medellín, 11 de enero de 2009.
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    Por orden de un Fiscal, el Inspector de Policía de Bello efectuó el viernes 8 de enero, por tercera vez, el desalojo de un predio de propiedad de la E.S.E. Hospital Mental de Antioquia. Entre los expulsados se encontraba Carmelo, hombre de 58 años, DISCAPACITADO, ya que es hemipléjico por efecto de una parálisis infantil, DESPLAZADO por la masacre cometida por paramilitares en las veredas La Tolda y La Chorrera del municipio de Barbosa (Antioquia), en octubre del año 2000, DAMNIFICADO por las crecientes de la quebrada La García en el Municipio de Bello, donde vive, si a eso se le puede llamar vida, en un rancho construido por su hermana en la zona de retiro de ese afluente. Para colmo de males es un DESEMPLEADO crónico, pues su edad y su discapacidad, no le permiten obtener ningún trabajo en medio de una oferta tan precaria.
    Como si con esas no bastara, ahora le llega la quinta “D”, la de DELINCUENTE, pues el proceso que adelanta el citado Fiscal, además de ordenar el desalojo, persigue la individualización de los más de 200 invasores para elevarles cargos por los delitos de “Perturbación de la posesión pacífica” y “Daños al medio ambiente”.
    ¿Cuál es el origen de esta situación? Pues bien, en los 10 municipios que conforman el Área Metropolitana del Valle de Aburrá se concentra el 60% del total de la población del Departamento, y el 72% de la que vive en zonas urbanas. Existen unos 830.000 hogares, de los cuáles 375.000 tienen la condición de inquilinos o de “arrimados”, es decir, no poseen vivienda propia. También se registran cerca de 54.000 viviendas ubicadas en zona de alto riesgo y el 55% del total están catalogadas en estratos socioeconómicos 1 y 2.
    El desempleo creciente que ubica a Colombia en el primer puesto en todo el continente americano y tercero en el planeta, es un 35% superior al vergonzoso promedio nacional en estos diez municipios. Esto desde luego, tiene un efecto inmediato y directo sobre la capacidad de pagar arriendo, y coloca a muchos compatriotas en evidente estado de necesidad. He ahí la causa de las invasiones que de manera recurrente se vienen presentando.
    Conseguir vivienda en Colombia para la mayoría laboriosa y pobre siempre ha sido difícil. A principios de los años setenta del siglo pasado, cuando la construcción de vivienda se convirtió en uno de los principales negocios del capital financiero, con el advenimiento de las Corporaciones de Ahorro y Vivienda, y las figuras del UPAC o el UVR, el asunto se volvió dramático, y con la implementación de la política neoliberal, y su profundización en los dos consecutivos mandatos de Álvaro Uribe, ya ha llegado a la categoría de catastrófico.
    Lo anterior se agrava mucho más, con el trato policial o de orden público otorgado por las autoridades a los ocupantes de predios con el propósito de resolver una situación tan desesperante y angustiosa.
    Trato que desconoce flagrantemente dos situaciones contempladas en la Ley: la primera es que no existe delito cuando los hechos punibles se cometen bajo el denominado “estado de necesidad”, y no se han realizado con dolo, y la segunda, que hay disposiciones expresas sobre el tratamiento que se debe dar a la población víctima del desplazamiento forzado o de las catástrofes naturales, a las cuáles, antes de proceder a un desalojo, es imperativo ofrecerles soluciones alternativas. (Ver Art 51 de la C.P., Pacto Internacional DESC, Ley 74 de 1968, Sentencias de la Corte Constitucional SU-1250 de 2000, T-754 de 2006, T- 200 de 2009).
    A los compatriotas como Carmelo, y a todos los hombres y mujeres tipo “D”, puede calificárseles con cualquiera de los adjetivos cuya primera letra sea la cuarta del alfabeto castellano, menos con el de DELINCUENTES. Tienen pleno derecho a exigir que sus reclamos sean atendidos por las autoridades locales, departamentales y por el gobierno nacional, como derechos y no como conductas punibles y éstas a su vez están en la obligación de hacerlo así.
    También pueden y deben organizarse para emprender acciones de resistencia civil y de esta forma hacer valer sus prerrogativas, máxime en tiempos del uribismo, en los que se otorgan generosos subsidios y privilegios tributarios a las poderosas multinacionales, al puñado de usureros del capital financiero y a los amigotes de la cúpula presidencial. Para muestra, el botón de Agro Ingreso Seguro.
    *Diputado Asamblea Departamental de Antioquia, Polo Democrático Alternativo.

  3. La casa en el aire
    Libardo Gómez Sánchez, Diario del Huila, Neiva, enero 11 de 2010
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    Juanita lloraba desconsolada y se aferraba a la falda de su mamá, la algarabía que escuchaba y que provenía de los gritos angustiados de sus familiares y vecinos solidarios, tratando de impedir la diligencia de desalojo que el juez y el piquete policial adelantaban, le generaba a la niña temores nunca antes conocidos que perturbaban inexorablemente su vida. Incrédula observaba impotente como los sacaban a la fuerza de la casa de su infancia.
    Polanía, sin trabajo dejó de pagar las cuotas de la casa hace meses y finalmente se cumplió la amenaza del banco, ahora junto a su mujer y sus dos hijas tendrán que arrumarse en una pieza donde su hermana que fraternalmente los acogió. En todo el barrio se comenta que el Banco con el que habían tomado el crédito era propiedad de un tal Sarmiento el mismo al que le habían entregado 12.000 millones de pesos del Agro Ingreso Seguro, la plata de los impuestos que pagamos los colombianos al DTF – 2 puntos, es decir, como al 2% anual, plata que el presta a más del 20% con lo que cada año por el privilegio de manejar ese dinero se gana aproximadamente 2200 millones sin mover un dedo.
    Disponer de un techo es una de las necesidades básicas de cualquier ser humano y los dramas por conseguirlo son miles a diario, en particular en Colombia desde la participación creciente del sector financiero en la financiación de los proyectos de vivienda a través del UPAC hoy UVR. Las historias que se conocen podrían ilustrar una extensa selección de tragedias.
    Otro de tantos ejemplos que explica la proporción del negocio financiero es el de José Luis, tomó un crédito por 14 millones de pesos luego de hacer un aporte como cuota inicial de 8 millones, es decir adquirió una casa por 22 millones en abril de 1997. Cinco años después, en el 2002 sin ingresos estables se vio obligado a vender su bien por 32 millones pero la deuda ya estaba en 29 millones y había pagado al banco en cuotas mensuales el equivalente a 18 millones de pesos en intereses. En plata blanca la entidad financiera recibió, por el préstamo que hizo, ingresos de 33 millones en cinco años, mientras José Luis pagó 26 millones de pesos por habitar la vivienda en ese lapso de tiempo. Si hubiera tomado en arriendo la vivienda hubiera pagado la mitad, la valorización se la ganó el banco. Es claro que la vía del endeudamiento con las entidades financieras es costosa y de alto riesgo para quienes aspiran a tener vivienda propia.
    Por otro lado, es frecuente observar en los medios rimbombantes anuncios que se refieren a la política de vivienda del gobierno como la solución definitiva a esta necesidad. Sin embargo la realidad es otra, la crisis habitacional en Colombia es de proporciones astronómicas, datos de la asociación bancaria calculaban en 2007 un déficit de 1.300.000 viviendas con un crecimiento del 2% anual.
    Programas de entidades oficiales como el Fondo Nacional del Ahorro que manejan las cesantías de importantes sectores de trabajadores ofrecen crédito hasta de veinte millones de pesos para quienes tienen ingresos de salario mínimo. Jancy empleada de una organización de trabajadores, atraída por los anuncios de facilidades que el FNA daba para obtener vivienda consignó allí la totalidad de sus ahorros los cuales no puede mover en los próximos tres años. Se pregunta ahora que hacer, pues en el pueblo en donde vive no se consigue una casa decente por ese valor, su frustración es inimaginable.
    La oferta de subsidios para vivienda es un completo fraude, los recursos regularmente se los apropian terceros que manejan los dineros con los que al final terminan entregando unos encierros inacabados de mala calidad y bien estrechos atendiendo el concepto oficial de vivienda de interés social de 26 M2.
    Con estas políticas Juanita y su familia, los Polanía y Jancy, y en general muchos colombianos difícilmente podrán cumplir el sueño del famoso vallenato de Escalona de tener tan siquiera una casa en el aire.

  4. Como tardecito se acordo el Uribe y se pronuncia dandose golpes de pecho

    Ya no se acuerda cuando dijo que iba a poner el aparato del estado y abogados para que defendieran a sus “queridos y buenos soldados de la patria”

    El sabe que la CPI le tiene puestos los ojos

    COMO SI NO TE CONOCIERAMOS!!!

  5. Buen día…

    Ayer al escuchar y ver “noticias” me fije especialmente en las palabras del señor Alvarito, quien rechazaba la decisión de los jueces de permitir la libertad de los militares por vencimiento de términos debido a que los FISCALES no presentaron la acusación formal en los tiempos establecidos.

    Que pecado, ahora la culpa es solo de los Jueces y libera de responsabilidad a los FISCALES, además, si Uribe…. (un hombrecito que sirve PARA Presidente) tuviese una preocupación real por estos casos hubiese cuestionado desde un principio la actitud de “sus militares” y presionaría a las instancias judiciales y a la fiscalía para evitar este bochornoso acto de impunidad.
    Para mi este pataleo PARA presidencial es tan solo un “NO ME CALLO” para no levantar mas sospechas sobre su actuación frente a estos temas.
    Dios salve a Colombia

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