Las imprecisiones de Zucarita [Kellinda / Uribestiario]

Fiscalito de bolsillo

¿El genocidio de Galán?

Ahora a “Zucarita”, se le dio por decir, que el crimen de Galán, no prescribirá pues el delito por el cual se sigue la investigación es el tipo penal de genocidio y no de homicidio agravado como se había considerado, pues desde su parecer al encuadrarse la conducta como genocidio, no prescribe nunca y en cualquier momento pueden ser judicializados los culpables. Esto no es más que una cortina de humo, tal como me permito explicar a continuación.

El delito de genocidio está consagrado en el Art. 101 del Código Penal vigente : “El que con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso o político, por razón de su pertenencia al mismo, ocasionare la muerte de sus miembros, incurrirá en prisión de 30 a 40 años”. Lo cual indica que para configurarse se requiere el homicidio de una o varias personas, pertenecientes a un grupo de los ya mencionados. (Situación que dista del homicidio de Luís Carlos Galán que fue un atentado contra su persona, con lo que representaba políticamente, con su poder de convocatoria en las plazas públicas, y no como el conjunto sistemático de homicidios de un grupo del cual el perteneciere).

Para mayor claridad, el genocidio es considerado un delito de Derecho Internacional, y se constituye como la conducta atroz de aniquilación sistemática y deliberada de un grupo humano con identidad propia mediante la desaparición de sus miembros, el cual, nació como reacción contra los intentos nazis por exterminar a ciertos grupos étnicos y religiosos, como los judíos o los gitanos.

Así surgió la “Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio” que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó mediante Resolución 260ª de 9 de diciembre de 1.948, la cual entró en vigencia el 12 de enero de 1951 y finalmente fue aprobada por el Estado Colombiano mediante la Ley 28 de 1959 se estipuló en su artículo 2 que los países se comprometen a adoptar en sus Constituciones, las medidas legislativas necesarias para establecer sanciones penales eficaces.”

Incluso el artículo III de la citada Convención establece: “… se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrado con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, entre otros: Matanza de miembros del grupo; Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; Sometimiento internacional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial…”

Lo que pretendo explicar con mi disertación es que el caso de Galán si prescribirá en algún momento, porque fácticamente no estamos en presencia del delito de genocidio, (que con mi breve reseña se refiere al exterminio de grupos étnicos, raciales o religiosos) sino de un caso de homicidio agravado.

¿Cuál es la intención de Zucarita? Distraer a la opinión pública justo cuando está por finalizar su periodo en el cargo, intentando dar la impresión de que es un funcionario eficiente y estudioso del derecho, cuando luego de las declaraciones de anoche demostró todo lo contrario, un desespero por amañar algo que simplemente no puede ser considerado de otra forma. No es mi intención que el crimen de Galán quede en la impunidad. Mi intención es aclarar desde el punto de vista jurídico las imprecisiones de Zucarita.

Kellinda

Las paradojas de la justicia colombiana II (Kellinda)

La perla de la aceptación de los cargos

 

Hay tantos esperpentos jurídicos en el código de procedimiento penal colombiano vigente, que sería bueno empezar por el que está de moda por estos días, específicamente el mecanismo jurídico que encabeza mi corta disertación. Para quienes no estén familiarizados con el lenguaje del derecho criminal pueden ilustrarse por ejemplo con lo que sucedió con alias “Blanquita”, o la condena impuesta a la periodista Adriana Arango y su cónyuge en el día de ayer.

Alias Blanquita fue condenado a 11 años de prisión por asesinar el 31 de diciembre del año pasado al estudiante de periodismo Juan Pablo Arenas. El motivo de la sustancial rebaja? La aceptación de los cargos (art. 351 de la Ley 906 de 2004) específicamente los de homicidio simple en concurso por hurto calificado y agravado. Vergonzoso, cierto? Y más aún teniendo en cuenta que en palabras de la fiscalía, no se configuraba el homicidio agravado (Con pena de hasta 60 años), por cuánto si el estudiante no se hubiera devuelto a recuperar lo que el gamín le había hurtado, este último no hubiera asesinado al joven. Qué tal?.

Qué es específicamente esta figura? Consiste en allanarse (aceptar) un delito que se le impute, antes o durante la audiencia de la formulación de la imputación (Donde se le dice al investigado cuales son los delitos materia de la investigación penal), con la finalidad de lograr una rebaja de hasta la mitad de la pena imponible, lo cual se plasma por escrito, posteriormente. De esa manera, delitos tales como: Homicidio, secuestro, desaparición forzada, genocidio, entre otros, debe restársele hasta la mitad de la pena que está consagrada en el código penal colombiano.

Esta figura no es de nueva data, En la ley 600 de 2000( Antiguo Código Penal), se denominaba sentencia anticipada y consistía igualmente en aceptar los cargos imputados desde la diligencia de indagatoria hasta la resolución de cierre de la investigación (Art. 40 de la citada Ley), lo cual comportaba una disminución de un tercera parte de la pena, por el hecho de haber aceptado al responsabilidad penal.

Coloquemos varios ejemplos.

  • El delito de Desaparición forzada simple (Ley 599 de 2000- Vigente) con la aceptación de cargos pasa de 20 a 30 años a 10 o 20 años.
  • El secuestro simple de 12 a 20 años, a 6 – 10 años.
  • El homicidio simple de 13 a 25 años se reduciría de 6.5 – 12.5.

Quiero concluir, que la motivación principal de esta figura jurídica es la economía procesal, valga decir, se le ahorra al Estado tiempo y dinero en juicios, investigaciones, funcionarios judiciales, lo que se traduce en celeridad en el seno de la administración de justicia.

Cúal es su opinión al respecto? Debe prevalecer la economía procesal, ante el respeto que merecen las víctimas y sus deudos por el daño cometido?

La economía procesal es sólo una excusa, para “colar” por ahí a los demás delincuentes de cuello blanco?